¿Por qué oculta Pino su pacto con el PP y el Grupo Independiente en Mancomunidad?

El debate sobre José Pino y su papel en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía sigue dando que hablar en todos los foros políticos no ya de Vélez-Málaga, sino de la comarca de la Axarquía.

Porque lo que lleva siendo un pacto a cuatro desde hace varios años, se ha convertido en una contradicción por intereses cuyo protagonista, José Pino, sigue sin dar respuestas. En política, y especialmente en una institución comarcal donde conviven municipios y formaciones distintas, los acuerdos forman parte de la normalidad democrática.

El problema no es pactar. El problema es intentar ocultarlo. Y ahí es donde José Pino tiene cada vez más difícil explicar su posición.

Mientras el Partido Popular y el Grupo Independiente Pro-Municipio de Torre del Mar han asumido con normalidad su papel institucional en la Mancomunidad, participando de la gestión, de los acuerdos y de las responsabilidades propias del gobierno comarcal, el portavoz de Andalucía Por Sí mantiene un discurso público muy distinto al papel que realmente ocupa dentro de esa estructura.

Pino intenta presentarse como una figura ajena a cualquier entendimiento con el PP y el GIPMTM, pero los hechos políticos apuntan en otra dirección: forma parte del pacto de gobierno con el Partido Popular y el Grupo Independiente, ocupa responsabilidades y mantiene presencia en un reparto de poder en el que también están las fuerzas políticas a las que públicamente dice rechazar.

Y ese encaje institucional no es solo político. También tiene traducción económica.

Según la documentación que viene manejando este medio, los vocales vicepresidentes de la Mancomunidad con delegación general y los vocales con delegación especial que no perciben régimen de dedicación exclusiva tienen reconocidas cantidades por asistencia: 500 euros por cada sesión de la Junta de Mancomunidad y 250 euros por cada Comisión Informativa. Además, se contempla una dotación económica mensual de 50 euros por vocal, así como una asignación a los grupos políticos de la Mancomunidad de 30.000 euros en concepto de cofinanciación.

Es decir, el pacto que Pino intenta presentar como inexistente o ajeno a su realidad política tiene cargos, responsabilidades, presencia institucional y consecuencias económicas.

Por eso la pregunta es aún más sencilla: Si no hay pacto, ¿por qué hay cargos? Si no hay acuerdo, ¿por qué hay presencia en órganos de gobierno? Y si todo es tan normal, ¿por qué Pino no lo explica con claridad?

La pregunta, por tanto, no es si el PP y el Grupo Independiente pactan. Ellos no lo esconden. Han asumido su responsabilidad en una institución supramunicipal que necesita estabilidad, gestión y acuerdos para funcionar.

La pregunta es otra: ¿Por qué José Pino necesita negar o esconder su encaje en esa misma estructura?

Porque si el acuerdo es normal, legítimo y forma parte del funcionamiento democrático de la Mancomunidad, no debería haber ningún problema en explicarlo con claridad a los vecinos. Si Andalucía Por Sí participa de ese marco institucional, lo razonable sería reconocerlo, defenderlo y argumentarlo políticamente.

Pero Pino ha elegido otro camino.

En lugar de explicar su papel actual en la Mancomunidad, ha preferido cargar contra los medios que han publicado la información, acusar de manipulación y trasladar el debate a las elecciones municipales de 2027. Es decir, hablar de lo que promete hacer en el futuro para evitar responder sobre lo que ya está ocurriendo en el presente.

La contradicción es evidente.

Pino afirma que jamás pactará con Atencia ni con el Grupo Independiente, pero al mismo tiempo mantiene responsabilidades en una estructura institucional donde conviven el PP, el GIPMTM, Por Mi Pueblo y Andalucía Por Sí. Ese es el punto incómodo que el portavoz andalucista no termina de aclarar.

El PP y el Grupo Independiente no tienen que esconder que gobiernan. No tienen que ocultar que negocian. No tienen que pedir perdón por formar parte de un acuerdo institucional en la Mancomunidad. Esa es precisamente la función de quienes asumen responsabilidades públicas: dar estabilidad, gestionar recursos y tomar decisiones.

Quien parece tener un problema político con ese acuerdo es Pino.

Y no por el pacto en sí, sino porque durante años ha construido un discurso de oposición frontal al PP y al Grupo Independiente. Ahora, cuando se informa de su presencia en una estructura institucional compartida con esas formaciones, su reacción no ha sido explicar, sino atacar.

Pactar no es el escándalo.

El escándalo político es intentar estar dentro y vender fuera que se está completamente al margen. Porque una cosa es la estrategia electoral y otra muy distinta la realidad institucional. Y la realidad es que Pino no puede sostener eternamente un discurso de rechazo absoluto mientras mantiene un papel dentro de la misma arquitectura política que dice combatir.

Los vecinos tienen derecho a saber qué acuerdos existen, qué responsabilidades se han repartido, qué cargos se ocupan, qué cantidades se perciben y qué papel juega cada formación en la Mancomunidad. No se trata de una cuestión privada ni de una disputa personal. Se trata de transparencia política.

Especialmente cuando se habla de dinero público.

Porque Pino no solo tiene que explicar si pactó o no pactó. También tiene que explicar por qué, mientras niega ese pacto en público, aparece vinculado a una estructura institucional que contempla compensaciones económicas, dietas, asignaciones y presencia en organismos públicos.

Por eso, la pregunta sigue encima de la mesa: Si el pacto en Mancomunidad es legítimo, ¿por qué Pino no lo explica? Si su presencia institucional es normal, ¿por qué intenta desviar la atención?

Si las cantidades están reconocidas en la propia estructura de la Mancomunidad, ¿por qué no aclara cuánto percibe exactamente por su papel institucional? Y si no tiene nada que ocultar, ¿por qué ataca a quienes lo cuentan en lugar de aclarar los hechos?

El Partido Popular y el Grupo Independiente han asumido su papel en la Mancomunidad con normalidad institucional. Pino, en cambio, sigue atrapado entre lo que dice públicamente, el lugar que ocupa políticamente y las cantidades vinculadas a esa presencia institucional. Esa es su verdadera contradicción. No el pacto. Sino ocultarlo mientras se beneficia de él.