El TSJA avala el despido disciplinario de un conserje de EMVIPSA y respalda la actuación del concejal Juan García

Torre del Mar ha acogido esta mañana una rueda de prensa convocada para informar sobre la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que confirma íntegramente la procedencia del despido disciplinario de un exempleado de la empresa municipal EMVIPSA.

El primer teniente de alcalde del municipio de Vélez-Málaga y concejal delegado de EMVIPSA, Jesús Pérez Atencia, acompañado por el concejal Juan García, comenzó agradeciendo la presencia de los medios de comunicación y denunciando que, antes de hacer pública esta información, ambos habrían recibido “amenazas veladas” para que no informaran sobre el contenido del fallo judicial. “La verdad y la justicia nos avalan y ninguna supuesta trama nos va a parar”, afirmó.

Durante su intervención, subrayó la gravedad de las acusaciones vertidas durante meses contra Juan García, quien fue señalado por presunto acoso laboral, vulneración de derechos fundamentales e insinuaciones de persecución política. Según manifestó, dichas acusaciones no solo afectaron al edil, sino que fueron utilizadas por otras formaciones políticas para “intentar destrozar su imagen, la del portavoz, la del Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM) y la del propio Ayuntamiento de Vélez-Málaga”.

Atencia quiso dejar claro que el Grupo Independiente “nunca ha judicializado la vida política del municipio” y recordó que el procedimiento judicial no fue iniciado por su formación, sino que deriva de una denuncia presentada contra un compañero de partido.

La sentencia

Según se explicó el edil, el TSJA establece de forma inequívoca que las actuaciones del concejal Juan García estuvieron plenamente justificadas. En la lectura de varios extractos del fallo, se destacó el siguiente párrafo:

“Todas las actuaciones (…) llevadas a cabo por el Concejal del Ayuntamiento estuvieron directamente dirigidas a delimitar los cometidos laborales que había de realizar el actor, y con ello a que se limitara en su actividad laboral a desempeñar las funciones propias de su categoría y puesto de conserje”.

Asimismo, la sentencia rechaza las acusaciones formuladas por el trabajador despedido, señalando que:

“Los extremos fácticos esgrimidos por el actor carecen por completo del más básico refrendo en el apartado de hechos probados de la sentencia”.

Además, el fallo considera que los hechos constituyeron:

“Incumplimientos contractuales debidamente acreditados que presentan una mayúscula trascendencia en la órbita laboral, con más que claros y precisos tintes y ribetes incluso delictivos”.

Ante esta afirmación, el portavoz anunció que ya se estudian posibles acciones penales adicionales.

Desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y EMVIPSA se destacó la defensa de los empleados públicos honestos: se insistió en que no se permitirá la difamación de trabajadores municipales que cumplen con su deber, asegurando que Juan García actuó “de manera ejemplar” protegiendo datos de los ciudadanos.

Tolerancia cero con manipulaciones: se advirtió de que no se pueden utilizar acusaciones infundadas para eludir responsabilidades ante infracciones graves.

Protección de la verdad: las instituciones públicas, señalaron, tienen la obligación de defenderse frente a acusaciones falsas, destacando que la sentencia “da la razón de manera absoluta” al Ayuntamiento.

Respeto a los procedimientos judiciales: se recordó que durante más de un año el Consistorio ha respetado los tiempos judiciales sin interferir públicamente, y que ahora, con sentencia firme, consideran necesario defender su postura.

Dimensión política

En el tramo final de la comparecencia, se informó de que la sentencia recoge que el trabajador despedido formaba parte de una candidatura dentro de la comisión ejecutiva municipal del PSOE de Vélez-Málaga.

Por ello, el portavoz anunció que se dirigirá formalmente al secretario general local, Víctor González, para que aclare si mantendrá a esta persona en la ejecutiva o actuará conforme a lo que, a su juicio, dictan las responsabilidades internas del partido.

Asimismo, se cuestionó por qué el PSOE no actuó tras la primera sentencia, que ya apuntaba en contra del trabajador, y se pidió al portavoz socialista que se pronuncie públicamente.