La Audiencia condena al alcalde de Canillas de Aceituno por prevaricación urbanística PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 03 de Noviembre de 2010 14:35

La Audiencia de Málaga ha condenado al alcalde de la localidad malagueña de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), a nueve años de inhabilitación para cargo público y a una multa de 3.600 euros por un delito de prevaricación urbanística por la concesión de una licencia, con lo que estima el recurso presentado por la Fiscalía contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3, que absolvió al regidor.

 

El ministerio fiscal acusó al alcalde por un delito contra la ordenación del territorio por conceder por decreto a un particular y a sus hermanos en octubre de 2006 una licencia para construir una vivienda unifamiliar, que "contravenía" la norma urbanística vigente y "a sabiendas de la ilegalidad", ya que el suelo estaba calificado como no urbanizable.

 

El pasado mes de junio, el juzgado de lo Penal absolvió al regidor, al entender que, aunque existían indicios de que el acusado actuó a sabiendas del incumplimiento de la normativa, la prueba practicada "da lugar a razonables dudas sobre la conciencia del acusado" y por considerar que se trataba de un caso "en el límite entre irregularidad administrativa e infracción penal".

 

La Sala de apelación acoge ahora en su sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los argumentos expuestos por la acusación pública en su recurso y señala que el propio juzgador apunta "a la existencia de indicios de que el acusado otorga la licencia con pleno conocimiento de la arbitrariedad e ilegalidad y a sabiendas de su injusticia".

 

Se recuerda que en la resolución recurrida el juez indica "que resulta probado que la licencia se concede sin informe técnico jurídico" y que "el informe desfavorable tiene su entrada en el Ayuntamiento en octubre de 2006, por lo que la existencia de un informe desfavorable podría ser perfectamente conocida" por el alcalde.

 

"Esta interpretación y valoración de los hechos--señala la Sección Novena-- no pueden llevar a otra conclusión que ha existido un pleno conocimiento por parte del acusado del otorgamiento de una licencia arbitraria, ilegal e injusta, sin observar los trámites legalmente establecidos y sin tomar en consideración los informes técnicos jurídicos".

 

Para la Sala, el regidor era "perfectamente conocedor de que su conducta no era ajustada a derecho, pues no era preciso ni necesario aprobar de forma tan precipitada el otorgamiento de la licencia, cuando era conocedor de que obraban unidos al expedientes sendos expedientes desfavorables", por lo que se insiste en que "sabía que atentaba contra las esenciales normas procedimentales".

 

Asimismo, el Tribunal considera que en este caso no existe una vulneración de derecho fundamental al revocarse la sentencia absolutoria, pues dicha revocación, se explica, deriva de un error en la valoración o calificación jurídica de la prueba, que, según se apunta, se mantiene "incólume".

 

No obstante, desde la defensa del regidor han indicado que se recurrirá la sentencia ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales y han anunciado, en declaraciones a Europa Press, que también se pedirá la suspensión de la pena.

Escrito por Correo de la Axarquía   
Actualizado ( Miércoles, 03 de Noviembre de 2010 21:16 )
 

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