UGT denuncia a la Fiscalía las mascarillas caducadas en la Axarquía



La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha presentado un escrito ante la Fiscalía Superior de Andalucía para que investigue por qué se distribuyeron miles de mascarillas caducadas en centros sanitarios de varias provincias, entre ellos, en la Axarquía. Ese sindicato alertó hace ya más de una semana al área de gestión sanitaria de esa comarca sobre "cajas que venían con la fecha de caducidad tachada con un rotulador negro".


El escrito, que fue presentado telemáticamente este miércoles 6 de mayo, tiene como objetivo "depurar responsabilidades" por un hecho que "es una barbaridad", según ha explicado a Efe el secretario general de la FeSP, Antonio Tirado. "Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía la entrega de mascarillas que caducaron en 2014, tal como ha reconocido la propia Consejería de Salud y Familias", indica Tirado.


"Lo puedes hacer por desconocimiento, pero con conocimiento, sabiendo que caducaron en 2014, es una barbaridad. Y tachar con un rotulador la fecha de caducidad es tan primitivo...", lamenta el dirigente sindical, quien también critica que "nadie depura responsabilidades políticas, se tira para adelante y ya está".


EL SINDICATO DICE QUE "SE PONE EN RIESGO LA SALUD" DE LOS TRABAJADORES

"No se puede poner en riesgo la salud de los sanitarios. En este momento que estamos viviendo son héroes que dan la talla y se juegan la vida con o sin medios de protección, como para que encima les des un material caducado. Me parece un sinsentido y una falta de ética que no se tomen medidas", añade.


La FeSP calcula que los lotes defectuosos, entregados a finales de abril, fueron de "en torno a 36.350 unidades", con lo cual "no hablamos de una partida pequeña"."Deberían haber tomado medidas y pedido disculpas. Lo mínimo es dar la cara", sentencia Tirado.


UGT-A ya criticó la pasada semana el uso "sin verificación" de mascarillas donadas de forma "incontrolada" después de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ordenase la retirada de una nueva remesa de mascarillas donadas por un particular. "No hay nombre para la gestión que la Consejería está haciendo con los equipos de protección que proporcionan a nuestros profesionales. Esta nefasta gestión conlleva que sean casi 8.000 trabajadores los que están afectados de una u otra forma por el coronavirus", lamentó el sindicato en un comunicado.

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